La organización ambientalista Fundación del Río denunció este domingo que Nicaragua no está cumpliendo los compromisos adquiridos con Costa Rica para combatir la minería ilegal de oro y el contrabando en la zona fronteriza entre ambos países.
El presidente de la ONG, el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, afirmó que las autoridades nicaragüenses no han realizado acciones efectivas para frenar el tránsito de mineros artesanales que utilizan el Río San Juan como vía de acceso hacia zonas de extracción ilegal de oro en ambos territorios.
«Ni la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua ni la Dirección General de Transporte Acuático han realizado acciones para detener el flujo de mineros artesanales que utilizan el río San Juan como medio para movilizarse y desembarcar en zonas de minería ilegal en Costa Rica y en Nicaragua», sostuvo Ruiz.
El pasado 28 de febrero, los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua acordaron reforzar la cooperación bilateral mediante una mejor coordinación policial, el intercambio de información y reuniones periódicas entre las autoridades de seguridad para enfrentar la extracción ilegal de oro en la frontera común.
Sin embargo, la Fundación del Río aseguró que, tras dar seguimiento al acuerdo, ha constatado que la actividad minera ilegal continúa e, incluso, ha identificado nuevos puntos de extracción en el lado nicaragüense, dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, a pocos kilómetros de puestos militares y ambientales del país.
La organización también denunció que los llamados «güiriseros» o «coligalleros», como se conoce a los mineros artesanales, continúan transportando sedimentos con contenido aurífero a través del río fronterizo para procesarlos tanto en territorio costarricense como nicaragüense.
Asimismo, advirtió que las concesiones mineras otorgadas por Nicaragua a empresas chinas en zonas cercanas a la frontera han incrementado la actividad extractiva y favorecido procesos de explotación con métodos semiindustriales.
La ONG considera que la situación en las localidades costarricenses de Las Crucitas y Conchudita no podrá resolverse si no existe una voluntad política por parte del gobierno nicaragüense para frenar el flujo de mineros ilegales y las actividades extractivas en las áreas fronterizas.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó recientemente su preocupación por una eventual «invasión» de mineros ilegales procedentes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en zonas próximas a la frontera.
Según datos de la Fundación del Río, entre 2021 y 2026 Nicaragua ha concedido 84 lotes mineros a 19 empresas chinas, que abarcan más de 1,27 millones de hectáreas, equivalentes al 8,5 % del territorio nacional, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes.
Por su parte, el Gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la explotación de oro y otorgar concesiones en Las Crucitas, una zona donde las autoridades reportan constantes detenciones de mineros ilegales, muchos de ellos de nacionalidad nicaragüense.
