El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.
Por unanimidad, los siete magistrados también impusieron una pena de 19 años de cárcel a su exasesor, Koldo García, mientras que el empresario y comisionista Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión tras haber confesado el pago de presuntas «mordidas» o comisiones ilegales.
Ábalos, considerado durante años uno de los hombres de mayor confianza del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue juzgado junto a García y Aldama por un entramado de presuntas comisiones ilegales relacionadas con contratos de adquisición de mascarillas durante la emergencia sanitaria.
La sentencia considera a Ábalos y a García responsables de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, y subraya el grave deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones que generan los casos de corrupción.
Comisiones millonarias y pagos irregulares
El Tribunal Supremo dio por probado que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, obtuvo contratos para suministrar 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif, organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
Según la sentencia, Aldama canalizó comisiones por un total de 6,6 millones de euros (7,5 millones de dólares) a través de dos sociedades. Asimismo, el empresario habría previsto pagos de dos millones de euros para Ábalos y de 500.000 euros para Koldo García.
El fallo también considera acreditado que Aldama pagó 10.000 euros mensuales a Ábalos y García entre octubre de 2019 y junio de 2022.
Nepotismo y beneficios personales
Además de las irregularidades en los contratos de mascarillas, el Supremo condenó a Ábalos por el denominado «enchufismo» en empresas públicas de su expareja, Jessica Rodríguez, y por el pago de alquileres de viviendas en la costa española para uso y disfrute del exministro.
Por su parte, Aldama no ingresará en prisión después de que el Supremo suspendiera la ejecución de su condena, condicionada a que no cometa nuevos delitos, presente informes semestrales de actividades y cumpla un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
La trama forma parte del conocido como «caso Koldo», una presunta red de corrupción que investiga el pago de comisiones ilegales por adjudicaciones de contratos públicos y en la que también aparece mencionado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien permaneció varios meses en prisión preventiva antes de ser excarcelado en noviembre pasado.
