26 organizaciones piden a España acelerar la extradición de exjefe de la GNB acusado por el caso Geraldin Moreno
Un grupo de 26 organizaciones de la sociedad civil venezolana solicitó este lunes a las autoridades españolas agilizar la extradición del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, requerido por la Justicia argentina en una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Las organizaciones exigieron que España procese la solicitud con “firmeza, determinación y celeridad”, al considerar que el caso representa una oportunidad histórica para combatir la impunidad de las violaciones de derechos humanos denunciadas durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2014.
En un comunicado conjunto, afirmaron que conceder la extradición “no es una opción política, sino un imperativo de justicia universal” y advirtieron que el paso del tiempo no debe convertirse en un obstáculo para juzgar presuntos delitos de lesa humanidad.
El caso de Geraldin Moreno
La solicitud de extradición está vinculada al caso de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y deportista de 23 años asesinada el 19 de febrero de 2014 durante una manifestación en el estado Carabobo. Según las investigaciones presentadas ante tribunales argentinos, Verdú Torrelles ocupaba entonces un cargo de mando dentro del destacamento de Seguridad Urbana de la GNB que participó en la represión de aquellas protestas.
La madre de la joven, Rosa Orozco, ha mantenido durante más de una década una campaña para exigir justicia por la muerte de su hija, convirtiéndose en una de las principales impulsoras de las acciones judiciales internacionales.
Proceso avanza en España
De acuerdo con la organización InterJust, la Justicia argentina emitió la orden de extradición en febrero de este año tras confirmar que el exmilitar se encontraba en España. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino formalizó la solicitud y el Consejo de Ministros español autorizó en marzo la continuidad del procedimiento. Actualmente, el caso es evaluado por la Audiencia Nacional española.
Las organizaciones firmantes consideran que una eventual entrega de Verdú Torrelles a la Justicia argentina abriría “una brecha de esperanza” para las víctimas de la represión política en Venezuela y para sus familiares.
Además, recordaron que desde 2023 Argentina investiga, bajo el principio de jurisdicción universal, presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a altos funcionarios y cuerpos de seguridad vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, Amnistía Internacional también pidió la cooperación entre España y Argentina para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas venezolanas.
