Redacción: Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
Ha habido varios atentados criminales contra nicaragüenses opositores al régimen sandinista que viven en Costa Rica.
Tres de los casos más sonados son: 1) Roberto Samcan (muerto a tiros el 19 de junio de 1925); 2) Joao Maldonado y su compañera de vida Nadio Robleto Nunez (lisiados ambos; el recibió 13 balazos en dos atentados en 2021 y 2024) y; 3) Reynaldo Picado (quien ha sobrevivido a tres disparos contra su persona, el 14 de septiembre de 2026).
Esos tres casos son los más publicitados. Pero hubo otros en los que los familiares de las víctimas prefirieron no hacer denuncias o guardar sigilo para evitar mayores represiones de parte de los agentes de seguridad del gobierno sandinista en la vecina república de Costa Rica.
El artículo # 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanosclaramente sentencia:
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José) no es menos enfática, ya que los establece muy claramente:
Artículo # 4 de la misma:
“Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Además, la Constitución Política de la República de Costa Rica en dos de sus artículos afirma en el capítulo de los Derechos y Garantías Individuales que:
Artículo # 21: “La vida humana es inviolable”.
Y lo refuerza en el Capítulo único sobre Los Extranjeros, cuando corrobora:
Artículo # 19 que “Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechosindividuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen”.
Los crímenes cometidos contra exiliados nicaragüenses no están precluidos de la tipificación universal, interamericana o nacional de Costa Rica. La vida es inviolable, sin importar raza, color, sexo, nacionalidad, condición socioeconómica, o credo religioso.
¿Qué ha fallado?
El marco legal existe para proteger a las personas, sin importar su ubicación en las Américas. Pero, el sistema de seguridad pública costarricense ha sido permeado por agentes de seguridad del régimen sandinista que han cometido crímenes atroces. Esos son criminales que han cometido muchos delitos y han franqueado la frontera Costa Rica y Nicaragua.
Es evidente: de Nicaragua pudieron salir individuos a cometer sus crímenes y retornar sin ser interceptados por las autoridades costarricenses.
También cabe preguntarse: ¿Si estos crímenes se estarán sucediendo con mayor frecuencia, llegaremos a afirmar que hay un estado de impunidad den Costa Rica?
Obviamente el Estado costarricense ha emitido declaraciones encaminadas a la búsqueda de los responsables, mediante investigaciones que esclarezcan los crímenes ante los tribunales de justicia.
No puede seguir ni prevalecer la impunidad en un país democrático, ordenado y respetado.
¿Qué está pasando?
Sólo podemos asumir que el crimen organizado está excediendo las capacidades de los organismos judiciales costarricenses.
Las denuncias y demandas de justicia deben continuar y producir resultados justos.
La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) asume que no puede haber plena democracia cuando haya sectores sociales (en este caso, refugiados nicaragüenses) cuyas vidas estén en peligro día tras día. Ello aumenta la zozobra, la incertidumbre y el terror entre otros nicaragüenses que, muy seguramente, son opositores del régimen sandinista, y cuyo número asciende al medio millón de nicaragüenses viviendo en la patria de Juan Santamaría.
Ya hay demasiadas alertas. El sistema internacional de derecho debe ayudar a frenar estos asesinatos selectivos que no deben seguir ocurriendo. Los responsables de estos deben enfrentar la justicia para frenar esta ola de actos malignos que constituyen violaciones flagrantes a los principios de los Derechos Humanos.
Costa Rica no puede convertirse en un santuario de criminales donde la impunidad impere. Ello pone en mal no sólo al sistema judicial costarricense, sino al orden democrático de ese país.
Toda vida humana es preciosa, ya sea que se cometan crímenes contra minorías o grandes grupos étnicos.
La humanidad no puede vivir presa del miedo que causen los regímenes que violan derechos humanos, mediante la imposición del terror, bajo un orden donde la ley es un recurso ineficaz, y los principios constitucionales o internacionales para la preservación del orden público sean violentados sistemáticamente, sin que haya consecuencias.
Debe cesar la existencia de estados que cometan crímenes horrendos más allá de sus fronteras.
La vida y la libertad son los principios más altos e invaluables de la esencia humana.
