El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) alertó sobre posibles retrocesos en materia de derechos humanos en Costa Rica, especialmente en áreas vinculadas a la política migratoria y al sistema penitenciario del país.
En su informe anual, el organismo advirtió que algunas medidas aplicadas en centros migratorios y cárceles priorizan la restricción sobre la dignidad humana, situación que podría derivar en malos tratos y vulneraciones de derechos fundamentales.
El documento cuestiona particularmente la gestión migratoria aplicada durante 2025 a personas deportadas desde EEUU, quienes fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM).
Según el informe, estas personas enfrentaron una “privación de libertad de facto”, además de afectaciones psicosociales derivadas de un proceso que calificaron como un “encadenamiento internacional de vulneraciones”.
En 2025, Costa Rica recibió a unos 200 migrantes deportados desde Estados Unidos, una situación que generó críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El MNPT también expresó preocupación por las condiciones en el circuito de alta contención del sistema penitenciario costarricense. Entre las medidas señaladas figuran la suspensión de actividades educativas y laborales, restricciones alimentarias y limitaciones al contacto familiar de los reclusos.
El organismo advirtió que estas condiciones podrían convertir las cárceles en “entornos torturantes” y alejar el objetivo de reinserción social.
El informe destaca además que, hasta febrero de 2026, Costa Rica registraba 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación penitenciaria del 46,4 %. Algunos centros penitenciarios incluso superan el 134 % de capacidad.
La presidenta de Laura Fernández ha defendido una política de “mano dura” contra el crimen organizado y promueve la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una mega cárcel inspirada en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador.
El proyecto, que tendría capacidad para 5.100 presos, avanza en medio del aumento de homicidios vinculados al narcotráfico en Costa Rica.
