La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó la destitución de siete directores policiales que ocupaban cargos de confianza luego de que reprobaran las pruebas de polígrafo, en las que fueron consultados sobre posibles vínculos con el narcotráfico y la recepción de beneficios ilícitos durante el ejercicio de sus funciones.
La mandataria explicó que la medida alcanza a siete de los 33 directores policiales y miembros del grupo Fuerza Élite, creado para combatir el crimen organizado, quienes no superaron las evaluaciones de confianza.
Presidenta anuncia investigaciones
Fernández aseguró que la decisión fue inmediata y anunció la apertura de investigaciones preliminares contra los funcionarios separados de sus cargos.
“Los siete directores de confianza fueron removidos de inmediato de sus puestos y adicionalmente instruí una investigación preliminar que se conducirá desde mi despacho contra cada uno de ellos”, declaró la presidenta.
Asimismo, precisó que durante las pruebas se les formularon preguntas relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.
“A ellos les hicieron preguntas sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos. Compatriotas seré implacable combatiendo la corrupción y limpiando a Costa Rica”, afirmó Fernández.
Ley del Polígrafo busca combatir la corrupción
La aplicación del polígrafo en los cuerpos de seguridad forma parte de la Ley del Polígrafo, aprobada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026). La normativa permite evaluar a miembros de las fuerzas policiales y determinar la idoneidad de quienes ocupan puestos sensibles dentro de las instituciones de seguridad.
Costa Rica, una nación de 5,1 millones de habitantes que abolió su Ejército en 1948, delega la seguridad nacional en la Fuerza Pública, integrada por alrededor de 15.000 efectivos.
Narcotráfico, el principal desafío de seguridad
En los últimos años, el narcotráfico y la violencia derivada de las disputas entre organizaciones criminales se han convertido en la principal amenaza para la seguridad costarricense.
De acuerdo con cifras del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), las autoridades decomisaron en 2025 un total de 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor incautación registrada en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas decomisadas en 2020.
Ante este escenario, Costa Rica ha fortalecido la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha antidrogas. En marzo pasado, el país se incorporó a la iniciativa regional “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de combatir a los carteles de la droga en la región.
