El empresario Víctor de Aldama aseguró este miércoles, durante su declaración en un juicio por presunta corrupción en Madrid, que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ocupaba el “escalafón 1” de una “banda organizada”, en el caso que investiga la compra de mascarillas durante la pandemia.
En el proceso también están implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes se encuentran en prisión preventiva y se declaran inocentes. Aldama, por su parte, está en libertad tras colaborar con la investigación.
“Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4”, afirmó el empresario ante el tribunal.
La Fiscalía acusa a los implicados de formar parte de una trama que habría gestionado contratos públicos para la compra de mascarillas a cambio de comisiones, durante la crisis del covid-19.
Vínculos y señalamientos directos
Durante su testimonio, Aldama relató que conoció a Sánchez en un mitin gracias a Koldo García y aseguró que el mandatario le expresó:
“Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo”.
El empresario también afirmó que la presunta red realizó negocios en países como México y Venezuela, y que actuó como intermediario en contactos con la dirigente venezolana Delcy Rodríguez.
Según su versión, estas gestiones buscaban facilitar acuerdos económicos y abrir canales de comunicación política.
Investigación y entorno político
El caso ha incrementado la presión sobre el entorno del presidente. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, considerado una figura clave en el ascenso político de Sánchez dentro del Partido Socialista.
Además, otras figuras cercanas al mandatario enfrentan procesos judiciales o investigaciones, lo que ha intensificado el debate político en España.
Sánchez ha rechazado previamente las acusaciones de Aldama.
Un juicio con impacto político
El juicio, que comenzó el pasado 7 de abril, entra en su fase final y se espera que en los próximos meses se conozca la sentencia.
El desenlace podría tener repercusiones en la legislatura, en un contexto en el que el Gobierno necesita mantener el respaldo de sus aliados parlamentarios para sostenerse en el poder.
