Un audio atribuido inicialmente a disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Calarcá”, en el que un hombre pide votar por el candidato izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, generó este viernes una fuerte controversia en plena campaña electoral.
La grabación, que está en poder de las autoridades, contiene presuntas amenazas económicas contra habitantes de zonas rurales del departamento de Guaviare.
“Ojalá gane el compañero Cepeda (…) porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años”, se escucha decir al supuesto guerrillero, identificado por medios locales como Rogelio Benavides.
En el audio también se advierte que quienes no se “carneticen” o “afilien” a la estructura deberán pagar sumas de dinero o abandonar la región, lo que fue interpretado como presión sobre comunidades campesinas en medio del proceso electoral.
El episodio reactivó el debate sobre la influencia de grupos armados ilegales en elecciones en Colombia, especialmente en territorios donde persisten dinámicas de control armado.
Gobierno descarta vínculo con disidencias
Sin embargo, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que el audio no estaría relacionado con ningún grupo guerrillero.
“Ya tenemos una información preliminar y dicho audio se trataría de un extorsionador que se encuentra recluido en la cárcel La Picaleña”, indicó.
Según la investigación preliminar, el hombre tendría en su poder un teléfono celular y listados de posibles víctimas obtenidos durante un allanamiento.
Reacciones políticas
El presidente Gustavo Petro calificó el caso como parte de una estrategia de desinformación y afirmó que “la mentira y el miedo como base de la política solo traen el monstruo del fascismo”.
Por su parte, el senador Iván Cepeda rechazó cualquier vínculo con grupos armados y pidió investigar los hechos.
“Condeno de manera categórica cualquier clase de presiones al elector”, expresó.
Cepeda también denunció reportes sobre presiones de actores armados en zonas rurales e instó a que los responsables sean investigados.
La senadora Paloma Valencia señaló que las disidencias “están felices con la paz total” y acusó al Gobierno de permitir el avance de estructuras ilegales en territorios.
Mientras tanto, la exalcaldesa Claudia López advirtió que millones de ciudadanos viven bajo presión de grupos armados en regiones del país.
