Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre un posible retroceso en la protección de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ en Costa Rica, en medio de decisiones institucionales recientes y un incremento de discursos de odio en redes sociales.
Las advertencias se basan en una serie de acciones adoptadas en los últimos años que, según los colectivos consultados, reflejan un debilitamiento en la relación entre el Estado y los espacios dedicados a la promoción de la diversidad sexual.
Decisiones que generan preocupación
Entre los hechos más recientes señalados por organizaciones se encuentra el retiro de la representación del país en un foro de la Organización de Estados Americanos (OEA) vinculado a derechos LGBTIQ+, medida que fue cuestionada por colectivos de derechos humanos.
También se menciona la eliminación por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) de un protocolo para la atención de casos de bullying y discriminación hacia estudiantes LGBTIQ+, lo que ha sido interpretado por sectores sociales como un retroceso en materia de prevención de violencia en centros educativos.
A esto se suma la controversia generada en el ámbito cultural tras la decisión del Ejecutivo de retirar la declaratoria de interés cultural a la Marcha del Orgullo y la Diversidad, así como la eliminación de figuras institucionales vinculadas a inclusión social.
Aumento de discursos de odio
Las organizaciones también advierten sobre un incremento de los discursos discriminatorios en plataformas digitales.
De acuerdo con el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de Naciones Unidas, las expresiones de odio hacia personas LGBTIQ+ en redes sociales aumentaron un 344% en comparación con el año anterior.
Para los colectivos, esta tendencia representa un entorno más hostil y la necesidad de fortalecer políticas públicas de prevención de la discriminación.
“Se rompió la comunicación institucional”
El exdiputado y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Sánchez Carballo, señaló que el principal problema no es una medida aislada, sino el debilitamiento del diálogo entre el Estado y las organizaciones de diversidad sexual.
Según indicó, se ha reducido el impulso de políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables, especialmente personas trans.
Visión desde organizaciones regionales
Por su parte, Dennis Castillo Fuentes, director de Irca Casa Abierta, señaló que la situación debe analizarse en un contexto regional más amplio de tensiones en materia de derechos humanos.
Aunque aclaró que no se trata de una pérdida total de derechos, advirtió sobre barreras persistentes en acceso a salud, justicia y reconocimiento de identidad.
Asimismo, alertó que el aumento de discursos de odio en redes sociales puede impactar directamente en la convivencia democrática y el acceso efectivo a derechos fundamentales.
