La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró que el cierre de El Helicoide, anunciado por las autoridades a comienzos de 2026, aún no se ha concretado y que al menos 25 presos políticos continúan recluidos en esas instalaciones.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la ONG indicó que, pese al anuncio oficial realizado tras los acontecimientos del 3 de enero, sus registros más recientes muestran que personas detenidas por motivos políticos permanecen bajo custodia en el recinto ubicado en Caracas.
La organización reaccionó luego de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmara recientemente que El Helicoide había sido clausurado como parte de las reformas institucionales y penitenciarias implementadas en el país durante los últimos meses.
Sin embargo, JEP sostuvo que la situación debe analizarse sobre la base de hechos verificables y no únicamente de declaraciones oficiales.
“Detrás de cada cifra hay familias que siguen esperando respuestas”, expresó la ONG, que considera prematuro hablar de un cierre definitivo mientras continúen personas privadas de libertad dentro del centro de detención.
Piden verificación independiente
La organización exhortó a los organismos internacionales a mantener el seguimiento de la situación y a verificar de manera independiente el estado real de El Helicoide.
Asimismo, solicitó a las autoridades ofrecer información clara sobre el futuro de las instalaciones y revisar con prioridad los expedientes de los detenidos que permanecen bajo su custodia.
Proyecto para transformar El Helicoide
En febrero, las autoridades anunciaron el inicio de un proyecto para convertir El Helicoide en un complejo cultural, deportivo y comunitario.
La propuesta forma parte de las medidas impulsadas junto con la Ley de Amnistía aprobada este año y un plan de reformas del sistema penitenciario.
Construido originalmente en la década de 1950 como un centro comercial, El Helicoide terminó convirtiéndose en sede de organismos de seguridad y en uno de los centros de detención más conocidos del país. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias sobre presuntas violaciones de derechos fundamentales ocurridas en sus instalaciones.
