El presidente de Rodrigo Chaves criticó con dureza la decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica que anuló una polémica subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por su Gobierno. El mandatario calificó la resolución como “desastrosa” y “repudiable”.
Durante su conferencia de prensa semanal, Chaves afirmó que su administración acatará lo que establezca la ley, aunque dejó claro su desacuerdo con el criterio del tribunal. Según el presidente, el fallo afecta la visión del Ejecutivo sobre el manejo del espectro radioeléctrico.
El mandatario también cuestionó a la Sala Constitucional y sostuvo que, a su juicio, la resolución favorece a grandes medios de comunicación y distorsiona principios de justicia y equidad en la asignación de frecuencias.
Gobierno prepara nuevo concurso de frecuencias
La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, anunció que el Ejecutivo trabajará en un nuevo proceso de adjudicación en un plazo aproximado de tres meses.
El pasado viernes, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la subasta realizada el 19 de septiembre, al considerar que el mecanismo utilizaba el monto económico como único criterio de adjudicación, sin garantizar el pluralismo informativo ni la diversidad de contenidos en el sistema de medios.
La resolución ordenó al Gobierno y a la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica (Sutel) diseñar un nuevo procedimiento de asignación de frecuencias que asegure una distribución más equitativa, transparente y plural del espectro radioeléctrico.
Críticas por riesgo para emisoras y canales
La subasta impulsada por el Ejecutivo generó críticas de organizaciones de prensa, líderes políticos, medios de comunicación y grupos religiosos. Diversos sectores alertaron que los elevados costos podían dejar fuera del aire a decenas de emisoras y canales.
En el proceso participaron solo cuatro ofertas para canales de televisión, 20 para radios FM y una para emisoras AM, cifras que evidenciaron el escaso interés del mercado frente a las condiciones económicas planteadas.
Los precios base eran elevados para muchos operadores. Por ejemplo, una frecuencia nacional de radio FM comenzaba en más de 193.000 dólares, mientras que un canal de televisión de cobertura nacional partía desde unos 1,6 millones de dólares. A estos montos se sumaban gastos técnicos adicionales que también fueron cuestionados por los medios.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, respaldó la decisión del tribunal y subrayó que el pluralismo en las concesiones de frecuencias es un elemento esencial para el debate democrático y el derecho ciudadano a la información.
