El Nicolás Maduro, solicitó este jueves ante un tribunal federal de Estados Unidos que se desestime la acusación en su contra por narcotráfico y corrupción, argumentando que las autoridades estadounidenses han bloqueado la licencia que permitiría al Gobierno de Venezuela financiar su defensa legal.
La solicitud fue presentada por medio de su abogado, Barry Pollack, en el marco de una moción ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro enfrenta el proceso. Según el escrito, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro negó la reconsideración de una licencia que inicialmente autorizaba al Estado venezolano a pagar los honorarios de su defensa.
Pollack argumenta que la negativa de la OFAC “interfiere con el derecho del señor Maduro a contratar al abogado de su elección”, amparado en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En la moción, la defensa solicita al juez que desestime la cuarta acusación sustitutiva contra Maduro por violación de este derecho.
La documentación incluye una declaración jurada del propio Maduro, en la que sostiene que desea seguir siendo representado por Pollack, que tiene derecho a que el Gobierno de Venezuela pague su defensa y que no puede costear esos honorarios de forma independiente. El abogado advirtió que, si el tribunal no desestima el caso, pedirá autorización para retirarse de la representación.
La OFAC había concedido una licencia el 9 de enero que permitía a la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibir fondos del Estado venezolano para cubrir sus costos legales, pero esa aprobación fue enmendada horas después sin explicación pública y ahora no autoriza los pagos para el exmandatario, según los argumentos de la defensa.
Maduro y Flores se declararon inocentes ante la Corte en enero de cargos de narcotráfico que podrían acarrear décadas de prisión si son hallados culpables. Ambos permanecen detenidos en Nueva York a la espera de juicio, con su próxima audiencia programada para marzo.
La disputa sobre la licencia se da en un contexto de tensiones entre el mantenimiento de sanciones económicas contra Venezuela y el proceso judicial en curso, mientras su administración ha reconocido al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez para gestionar asuntos internacionales.
