La situación migratoria de más de 600.000 venezolanos en Estados Unidos sigue marcada por la incertidumbre, luego de que un tribunal federal determinara que el Gobierno estadounidense actuó de forma ilegal al eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque la medida continúa vigente por orden judicial.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que la decisión adoptada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el TPS otorgado durante la administración de Joe Biden, contradice la ley federal que regula este beneficio migratorio.
El juez Salvador Mendoza, encargado de redactar la opinión mayoritaria, señaló que la cancelación del programa no solo carece de sustento legal, sino que también estaría motivada por animadversión racial hacia los venezolanos, lo que agrava el caso desde el punto de vista constitucional.
Fallo sin efecto inmediato
A pesar de este pronunciamiento, el fallo no genera efectos inmediatos, debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió previamente que la eliminación del TPS siguiera vigente mientras se desarrolla el proceso judicial iniciado en California.
Esto significa que miles de migrantes venezolanos siguen expuestos a detenciones y deportaciones, aun cuando un tribunal ya cuestionó la legalidad de la medida.
Así lo advirtió Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON), quien afirmó que, pese al avance legal, “los beneficiarios del TPS continúan en riesgo real”.
Cifras que preocupan
Actualmente, unos 600.000 venezolanos estaban amparados por el TPS.
De ese total:
- 250.000 perdieron la protección en noviembre pasado
- 350.000 más la perderán en octubre próximo, si no hay una decisión judicial o política que lo impida
Para los defensores del programa, el panorama es complejo. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA, advirtió que el Gobierno de Donald Trump “seguirá deteniendo y deportando venezolanos” mientras se mantenga la orden del máximo tribunal.
Temor ante una nueva decisión del Supremo
Organizaciones civiles temen que la administración Trump apele el fallo del Noveno Circuito, llevando el caso nuevamente ante una Corte Suprema de mayoría conservadora, que ya ha respaldado medidas similares en el pasado.
Aun así, activistas mantienen la esperanza. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, recordó que la presión comunitaria permitió frenar intentos anteriores de eliminar el programa para otros países.
“La lucha no ha terminado. Ya logramos defender el TPS antes y lo volveremos a hacer”, afirmó.
Por su parte, Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, advirtió que lo que ocurre con los venezolanos forma parte de un plan más amplio para debilitar el programa:
“Este es un intento sistemático de desmantelar el TPS, un mecanismo creado para frenar el poder arbitrario del Ejecutivo”.
El Congreso tiene la última palabra
Las organizaciones demandantes insistieron en que el Congreso de Estados Unidos tiene la capacidad de otorgar un estatus permanente a los beneficiarios del TPS, una decisión que podría poner fin a años de incertidumbre migratoria.
“Eso es lo mínimo que merece nuestra comunidad”, sostuvo Palma.
Agencias
