El Gobierno de Donald Trump anunció este miércoles la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021 a los venezolanos, lo que deja a unos 250.000 inmigrantes al borde de la deportación.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que la protección especial no será extendida más allá del 10 de septiembre, fecha en la que expira el beneficio otorgado durante la administración de Joe Biden.
Argumentos de la administración Trump
El TPS brindaba permisos de trabajo y protección contra la deportación, pero el Departamento de Seguridad Nacional alegó que Venezuela juega un “papel importante en el impulso de la migración irregular” y que el amparo generaba un “efecto imán” en la frontera sur de EEUU.
“Mantener o ampliar el TPS socava directamente nuestros esfuerzos para asegurar la frontera y gestionar la migración de manera eficaz”, señaló Matthew Tragesser, portavoz de USCIS.
Noem sostuvo que las condiciones en Venezuela ya no cumplen los requisitos legales para mantener el beneficio y que su extensión “contradice el interés nacional”.
La batalla en los tribunales
La medida llega pocos días después de que el Noveno Circuito de Apelaciones ratificara un fallo que cuestiona la legalidad del fin del TPS para unos 600.000 venezolanos, incluyendo los 250.000 afectados ahora.
La demanda fue interpuesta por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos, con el respaldo de la ACLU, que advierte sobre graves consecuencias: pérdida de empleo, separación familiar, detenciones y deportaciones.
El juez Edward Chen, del Distrito Norte de California, deberá emitir en los próximos días una resolución que podría congelar temporalmente la decisión de Trump.
Un futuro incierto para los beneficiarios
La disputa legal involucra a dos grupos de venezolanos: los amparados en 2021 (250.000) y los beneficiarios de la extensión de 2023 (350.000). En total, unas 600.000 personas podrían quedar expuestas a procesos de deportación masiva si el tribunal no frena la medida.
