El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica este martes la ONG Transparencia Internacional (TI) reveló que desde 2017 la lucha contra la corrupción está estancada en las Américas.
Así, ningún país del continente registró mejoras significativas en los últimos cinco años en la clasificación de TI, que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100 (del país más corrupto al más “limpio”).
Los países americanos percibidos como menos corruptos en 2022 fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69), mientras que, en el extremo opuesto de la escala, se situaron Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19).
Además, a nivel global, más de dos terceras partes de los 180 países analizados tenían en 2022 un “problema grave” de corrupción y la puntuación media (43 puntos) se ha mantenido sin mejoras por undécimo año consecutivo, según informó la ONG con sede en Berlín.
“Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia y algunos exacerban las amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad”, señaló la presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio, en relación a las Américas.
Por su parte, la asesora regional de TI para América Latina y el Caribe, Luciana Torchiaro, explicó a EFE que una característica común de todos los países de esa región es que hay muy pocas sanciones contra los responsables de la corrupción.
“El poder judicial es muy lento y en muchos países poco independiente. Todo esto contribuye a este nivel de estancamiento generalizado que observamos”, señala la experta.
Tres países han descendido de manera significativa en la escala en los últimos cinco años: Honduras (23), Haití (17) y Nicaragua (19), que en 2022 bajó a su mínimo histórico -desde la creación del IPC en 1995- como hicieron también Cuba (45) y Guatemala (24).
Este país centroamericano cayó un punto en 2022, un año en el que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad excarceló a un funcionario público acusado de lavado de dinero.
Guatemala vive un declive en la lucha contra la corrupción “casi sin precedentes en la región”, destacó Torchiaro, que habló de una “regresión extremadamente preocupante”.
“Observamos la cooptación total del ministerio público, de las instituciones de justicia, por parte de las élites que gobiernan el país y tienen incluso relaciones con crimen organizado,” señaló, y recordó que varios fiscales guatemaltecos se encuentran en el exilio y hay activistas y periodistas encarcelados.
También el caso de Nicaragua es “extremo”, puesto que la gran corrupción concentrada en figuras del Ejecutivo contribuye a una “violación masiva de derechos” y cualquiera que se atreva a contradecir al Gobierno ve su vida en peligro, remarcó la experta.
