El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela habilitó este viernes para el ejercicio de cargos de elección popular al exgobernador Pablo Pérez y a los excalcaldes Daniel Ceballos y Rosa de Scarano, todos opositores, minutos después de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial de la principal coalición antichavista, María Corina Machado.
Los tres opositores quedaron “habilitados para el ejercicio de funciones públicas”, dijo el Supremo en tres sentencias de la Sala Político Administrativa, publicadas en la página web del TSJ.
Estos anuncios se produjeron luego de que el TSJ habilitara también al periodista Leocenis García y al exdiputado Richard Mardo y, por el contrario, ratificara las inhabilitaciones del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, así como la de Machado.
Pérez estaba impedido para ejercer cargos de elección popular, hasta el 2025, por una medida de la Contraloría General de la República, mientras que a Ceballos el Consejo Nacional Electoral (CNE) le impidió presentarse en los comicios regionales de 2021 por una sanción similar.
En cuanto a Rosa de Scarano, exalcaldesa de un municipio del estado Carababo (norte), se encontraba inhabilitada por la Contraloría para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años, desde mayo de 2017.
Los pronunciamientos del TSJ son una respuesta a las solicitudes de revisión de las inhabilitaciones introducidas por estos antichavistas, como parte de un mecanismo para el estudio de estos casos, acordado entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque antichavista.
Entre los acuerdos para “garantías electorales” pactados en Barbados el pasado mes de octubre, las partes acordaron esta vía, de cara a las presidenciales que se celebrarán este año, en las que María Corina Machado está definitivamente impedida de participar, pese a haber arrasado en las primarias opositoras del 22 de octubre pasado, cuando recibió el 92,35 % de los votos.
La decisión publicada hoy establece que la sanción de la exdiputada tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021.
