El gobierno del presidente Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar la expulsión de más de 200 migrantes venezolanos detenidos en un centro de reclusión en Anson, Texas. La solicitud se produce poco más de un mes después de que el mismo tribunal bloqueara de emergencia su traslado a la megacárcel salvadoreña conocida como CECOT.
Según el documento judicial de más de 60 páginas presentado por el Ejecutivo, la presencia de estos migrantes ha generado un clima “peligroso” dentro del centro Bluebonnet, donde, aseguran, al menos 23 de ellos se atrincheraron en una celda y amenazaron con tomar rehenes y agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el incidente, fueron reubicados en otro centro dentro del mismo estado.
La Casa Blanca justifica las expulsiones al amparo de una ley del siglo XVIII diseñada para tiempos de guerra, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros. Bajo este argumento, se acusa a los migrantes de ser presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela.
En abril, el Supremo había suspendido temporalmente las expulsiones tras una demanda de organizaciones defensoras de derechos humanos, que alegaban violaciones al debido proceso y riesgos de tortura o tratos inhumanos en el penal salvadoreño.
Washington mantiene un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para enviar migrantes acusados de criminalidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad ampliamente criticada por presuntos abusos. Como parte del convenio, Estados Unidos pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para contribuir al mantenimiento del sistema penitenciario.
Sin embargo, un reciente informe del medio Bloomberg reveló que el 90 % de los migrantes enviados al CECOT no cuentan con antecedentes penales dentro del territorio estadounidense.
