El Gobierno de Donald Trump elaboró una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos traficantes de drogas, según reveló CNN citando a varias fuentes familiarizadas con el caso.
El documento, preparado por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC), sostiene que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra los cárteles al considerarlos una amenaza inminente para los estadounidenses.
De acuerdo con las fuentes, la lista va más allá de las organizaciones que la administración ha designado públicamente como grupos terroristas.
Expertos legales calificaron el dictamen como altamente significativo, ya que podría justificar una guerra indefinida contra grupos no identificados, otorgando al presidente la facultad de designar narcotraficantes como combatientes enemigos y permitir su ejecución sin revisión judicial.
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Históricamente, los implicados en el tráfico de drogas eran tratados como criminales con derecho al debido proceso, con la Guardia Costera interceptando embarcaciones y realizando arrestos.
“Según esta lógica, ante cualquier grupo pequeño o grande que trafique drogas hacia EE.UU., la administración podría afirmar que equivale a un ataque contra el país y responder con fuerza letal”, explicó a CNN un exabogado del Pentágono.
Una imagen publicada en Truth Social muestra una embarcación sobre la que Trump aseguró haber ordenado un ataque militar, afirmando que transportaba narcóticos desde Venezuela.
La opinión de la OLC también sirvió de base para un memorando del Departamento de Defensa, que describía la legalidad de una serie de ataques en el Caribe y señalaba que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles.
Pese a las repetidas solicitudes del Congreso, el Departamento de Justicia y el Pentágono no han entregado la opinión legal. Hasta ahora, las fuerzas armadas han llevado a cabo al menos cinco ataques contra embarcaciones en el Caribe, dejando varios muertos que el Gobierno de Trump asegura estaban vinculados con cárteles designados como terroristas.
En el Pentágono, varios abogados militares expresaron dudas sobre la legalidad de los ataques, aunque reconocieron que no pueden contradecir la interpretación de la OLC, que tiene autoridad sobre la doctrina legal del poder ejecutivo.
“La manera de proceder es simplemente aceptarlo, bajar la cabeza y actuar según las nuevas políticas de Hegseth”, dijo uno de los abogados citados por CNN.
Según fuentes de la cadena, esta política forma parte de una campaña más amplia contra los cárteles latinoamericanos, que incluye operaciones letales y encubiertas de la CIA en la región.



