Diversos expertos internacionales predicen que la migración desde Venezuela se mantendrá en niveles elevados, lo que beneficiaría a las organizaciones criminales que ya se han lucrado del continuo éxodo.
Venezuela sigue sumida en una crisis humanitaria y económica que ya se prolonga por una década, según un informe independiente de reconocimiento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 25 de septiembre.
La directora de la misión de reconocimiento, Marta Valiñas, declaró que las violaciones a los derechos humanos y las tácticas represivas del gobierno venezolano han “dado lugar a una cultura predominante de miedo, desconfianza y autocensura”.
Tanto la hiperinflación como los racionamientos de combustible, alimentos, agua y medicamentos han llevado a casi ocho millones de venezolanos a huir del país desde 2014, según R4V, plataforma de la ONU para el monitoreo de la crisis. Hace una semana, R4V divulgó sus cifras más recientes, que muestran además que existe un número consistentemente alto de venezolanos que siguen desplazándose hacia Estados Unidos.
La mayoría de los migrantes venezolanos permanecen en países suramericanos. Pero cada vez más se han abierto camino hacia Estados Unidos después de la pandemia de COVID-19, que dejó aporreadas las economías de muchos países latinoamericanos y por ende se encuentran incapaces o renuentes a tender la mano a los migrantes venezolanos.
Las condiciones en Venezuela también llevaron a la administración del presidente Joe Biden a anunciar un paquete de políticas que amplía el estatus de protección temporal (temporary protective status, TPS) para los venezolanos en Estados Unidos.
El TPS dispone protección frente a la deportación para quienes llegan a Estados Unidos antes de una fecha determinada, lo cual les da a los adultos acceso relativamente ágil a permisos de trabajo y les permite a sus hijos asistir a la escuela, sin importar si ingresaron al país por un puerto de entrada legal.
El estatus de protección se otorgó a los venezolanos inicialmente en 2021. La redesignación anunciada el 20 de septiembre protege a los venezolanos que ya se encontraban en Estados Unidos antes del 31 de julio, pero no tiene efecto directo sobre los venezolanos que se dirigen al país o se encuentran en espera en la frontera entre México y Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
La prolongada crisis en Venezuela, la incapacidad de los países vecinos de hacer frente al continuo aumento de migrantes y la confusión en torno a la política de inmigración estadounidense son terreno fértil donde el crimen organizado sigue prosperando a lo largo de la ruta entre Venezuela y Estados Unidos.
Las políticas migratorias estadounidenses, que durante décadas hacían énfasis en la disuasión, han creado un lucrativo mercado negro para el tráfico de personas a lo largo de la ruta y especialmente para el ingreso a Estados Unidos. Estas políticas también han creado un cuello de botella en la frontera con México, donde los grupos criminales se benefician del secuestro, la extorsión y la trata de migrantes que esperan poder ingresar al país del norte, o bien que fueron devueltos.
El número de migrantes que llegan a esta frontera se disparó en los últimos años, y los encuentros de migrantes se cuadruplicaron entre 2020 y 2023. Los arribos de venezolanos pasaron de ser mínimos a convertirse en el segundo grupo más numeroso que atraviesa la frontera EE. UU.-México, solo superados por los mismos mexicanos. En consecuencia, las operaciones de tráfico de personas, o coyotaje, así como la explotación de migrantes por parte de grupos criminales, se han sofisticado y cobrado aún mayor poder, y la participación de funcionarios corruptos en estas actividades también se ha multiplicado.
