El régimen de Nicolás Maduro anunció que presentó ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) la apelación por la decisión de continuar la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La Sala de Cuestiones Preliminares I decidió el pasado 27 de junio de 2023 que debe continuar el proceso que inició la Fiscalía de la CPI en el año 2018.
Sin embargo, Miraflores insiste que este proceso “tiene una motivación política” y pese a que ha recibido en más de dos ocasiones al fiscal Karim Khan, con quien acordó abrir una oficina de asistencia técnica, mantiene su posición en contra del proceso.
Entre los argumentos que presentaron en esta apelación destacan que el examen preliminar “jamás se realizó conforme a los parámetros del derecho internacional y del estatuto de Roma”. Añadieron en un comunicado que “se impidió a Venezuela (gobierno) ejercer su derecho a la defensa”.
Esto último lo afirmaron al decir que no le permitieron “acceso a la información sobre los hechos concretos que eran evaluados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
Qué dijo la CPI sobre la investigación
Desde el año 2021 el gobierno intenta paralizar el proceso, pero en noviembre de 2022, el fiscal Khan solicitó continuar el proceso. En ese momento se dio plazo para que las víctimas presentaran testimonios y de nuevo Miraflores buscó tener información de esos casos, que la CPI no le permitió.
Al fallar que la investigación continúe dijeron lo siguiente: “Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad; y, en relación con esto, el hecho de que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos/de bajo nivel”, aseguraron los jueces.
En su comunicado de este 14 de agosto, el gobierno asegura que la CPI “incurrió en seis errores de hecho y de derecho”. Al igual, esperan que se acepte el recurso y defendieron “la aplicación de la justicia” en el país, pese a que por falta de ello tiene un proceso abierto en la CPI.
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar las averiguaciones se fundamentó también en que “las investigaciones internas parecen no reflejar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, destacando en particular la intencionalidad discriminatoria subyacente a los delitos alegados y la insuficiente investigación de los delitos de naturaleza sexual”.
