El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno informó que tras la solicitud de la Cancillería de Venezuela, a partir de hoy los espacios estarán cerrados y sin atención al público
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó esta semana el cierre de los dos consulados de Chile, ubicados en Caracas y Puerto Ordaz, como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que tras la solicitud de la Cancillería de Venezuela, los consulados tendrán que permanecer, a partir de hoy, cerrados y sin atención al público.
«El gobierno de Chile lamenta esta situación, que afecta a miles de connacionales en Venezuela y ciudadanos venezolanos que requieran atención consular, e informa que está evaluando las diversas alternativas disponibles con el fin de garantizar el apoyo necesario para los connacionales residentes en dicho país», indicó la Cancillería chilena.
Maduro rompió relaciones diplomáticas con Chile
La embajada de Chile en Venezuela permanece cerrada desde agosto, cuando Nicolás Maduro, ordenó la salida de la diplomacia chilena después de que el presidente Gabriel Boric calificara de fraudulentas las elecciones del 28 de julio, que el líder chavista dice que ganó, pese a no enseñar las actas.
El gobierno de Chile se resistía a declarar la ruptura de las relaciones con Venezuela, pero el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que estas están rotas desde agosto.
La relación entre Chile y Venezuela ya estaba tensionada desde antes de los comicios del 28 de julio por la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua y el asesinato en Santiago hace un año del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó la semana pasada que tres de los testigos de la investigación por el crimen de Ojeda apuntan a autoridades del gobierno venezolano como responsables y que al menos uno de ellos señala que «el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello», actual ministro de Interior venezolano.
La tesis de la Fiscalía chilena, que desde el inicio de las investigaciones se basó en un móvil político, es avalada también por el gobierno de Boric.
