Este jueves 25 de mayo la Asamblea Nacional (AN) del 2020 sancionó la reforma a la Ley Orgánica de Contraloría Social, norma que establece la transferencia de bienes y competencias a las comunidades con funciones compartidas donde la acción privada no incida en los intereses comunales.
Esta es una de las leyes que, en octubre de 2022, el gobernante Nicolás Maduro ordenó debatir y sancionar en un nuevo intento por lograr el reconocimiento del Estado comunal, a través de reformas legales, estructuras de poder que no están incluidas en la Constitución.
La reforma a la Ley Orgánica de Contraloría Social fue apoyada por la mayoría calificada de la que goza la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los diputados de oposición se abstuvieron de votar y fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.
En noviembre del 2022 la reforma fue presentada a la plenaria por la diputada Gabriela Peña (PSUV – Miranda). «Estamos planteándonos la formación a todos los sectores en esta materia, que todos los entes que tengan competencia en el tema del control social deben generar programas formativos para que el pueblo se empodere. Hay un detalle y es el flagelo de la corrupción, hay que derrotarla», explicó en ese momento.
Aseveró que el proyecto de reforma permitirá al Estado tener mayor eficiencia en el combate contra los ilícitos y responder efectivamente a la ciudadanía.
La reforma en su artículo 12 establece que los Consejos de Contraloría Comunal son la instancia encargada de la prevención, evaluación, control y seguimiento de planes y proyectos que se deriven de gestión pública y popular, así como de actividades privadas que puedan afectar derechos o intereses colectivos.
Asimismo, se crea la figura de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, la cual es definida como la encargada de control de los planes, programas y proyectos que desarrollen los comités de gestión de los consejos comunales, el poder público o el sector público que puedan afectar derechos o intereses colectivos.
Entre otras cosas, en la reforma Ley de Contraloría Social quedó establecido que los procedimientos para el ejercicio del control de planes podrá iniciarse por medio de quejas ante organismo e instancias competentes, tras la realización de un acta con el relato de los actos irregulares.
«Artículo 16: las organizaciones e instancias del poder popular con competencia para recibir, tramitar o resolver denuncias del ejercicio de la Contraloría son: las asambleas de ciudadanos de consejos comunales, la unidad de contraloría del consejo comunal, consejo de contraloría comunal, organizaciones e instancias del poder popular».
En el artículo 18 de la ley se fijó que los responsables del poder público deben dar respuesta oportuna a los informes y denuncias producidos mediante el ejercicio de la contraloría social. «De no producirse los funcionarios serán sancionados».
