El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, vetó este jueves parcialmente una ley que buscaba cumplir con requerimientos de la Unión Europea (UE) y sacar al país de la lista gris de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque europeo.
“Tomamos la decisión de vetar este proyecto en forma parcial por razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo de conciencia patriótica. Porque esa reforma implicará una afectación de recursos enormes a la recaudación nacional del Ministerio de Hacienda para beneficiar a pequeños grupos de gente muy acaudalada”, afirmó Chaves en conferencia de prensa.
En febrero pasado Costa Rica entró por primera vez en la lista gris, puesto que no ha cumplido sus compromisos para abolir o modificar ciertos aspectos de su régimen de excepción de las fuentes de ingresos extranjeros considerados perjudiciales, según explicó el Consejo de la UE. Desde ese momento, el Congreso trabaja en un proyecto, que esperaba aprobar antes del 15 de septiembre, fecha en que la UE volverá a reunirse para analizar la lista gris.
El Poder Ejecutivo informó que el veto parcial al Decreto Legislativo 10.381 denominado “Modificación a la Ley No7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988, para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea”, se da por razones de oportunidad y conveniencia.
El decreto modifica un párrafo del Artículo 1, que elimina la aplicación del principio de territorialidad y, que según el Gobierno, fomentaría las planificaciones fiscales agresivas o estrategias de evasión fiscal, orientadas a trasladar el patrimonio en otras jurisdicciones con mejores condiciones fiscales.
Además, impediría al Ministerio de Hacienda cobrar hasta 10.000 millones de colones (unos 18 milllones de dólares) anualmente por no poder aplicar el 30% en créditos registrados en la balanza de pagos.
Según explicó Chaves con ese cambio el Estado perdería 36.000 millones de colones (unos 65 millones de dólares) de ingresos extraterritoriales que están en etapa procesal en vía administrativa y en vía judicial.
Una de las diputadas impulsoras de la ley, Daniela Rojas, manifestó que el Poder Ejecutivo “tomó una decisión que pone en riesgo la imagen internacional de Costa Rica y que puede generar muchos problemas, el gran perjudicado aquí es el país y la inversión extrajera que tanto se necesita para generar el empleo”.
“Desde la comisión legislativa buscamos un proyecto que cobra los impuestos como corresponde, no con doble imposición ni afectando al sector productivo y que garantizaba la exclusión de Costa Rica de esta lista”, detalló Rojas.
El Gobierno había presentado al Congreso otra iniciativa, pero la mayoría de los partidos de oposición no la apoyan pues consideran que incrementa los impuestos y que contiene disposiciones fuera de los requerimientos de la UE.
