El presidente colombiano Gustavo Petro convocó una consulta popular para el próximo 7 de agosto, fecha que marca el inicio de su último año de gobierno. El objetivo: que los ciudadanos decidan si aprueban la reforma laboral impulsada por su administración, y que fue rechazada dos veces por el Senado.
La consulta fue oficializada mediante decreto, pese a las advertencias de la oposición y de juristas que denuncian una posible ruptura del orden constitucional, al intentar saltarse la autoridad legislativa. Petro alega que el Senado actuó de forma irregular al bloquear tanto el proyecto como la solicitud de consulta.
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El Gobierno insiste en que el Congreso aún tiene la posibilidad de evitar la consulta si aprueba el mismo texto original avalado por la Cámara de Representantes. Pero para Petro, la nueva versión debatida en el Senado es una “desfiguración” del proyecto original.