Tras un debate el miércoles, el pleno aprobó -con 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones- una resolución en la que denuncia la reciente detención de Rocío San Miguel, abogada y activista de nacionalidad española, por supuestamente conspirar contra el régimen, recluida en la cárcel de El Helicoide, conocida por los abusos de derechos humanos, incluida la tortura.
El texto también recoge el caso del general Hernández Da Costa, prisionero desde agosto desde 2018 y a quien se deniega el tratamiento médico que necesita, y de miembros del equipo de la opositora María Corina Machado –Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brandt-, detenidos por motivos políticos y que permanecen incomunicados.
Los eurodiputados piden la liberación inmediata de todos los presos políticos y personas detenidas arbitrariamente. El régimen debe poner «fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición», recalcan. También denuncian que los prisioneros se hallan en condiciones que vulneran las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Vista la situación, instan a la UE a endurecer sus sanciones contra las autoridades venezolanas y a incluir en ellas a miembros de la cúpula del régimen, de las fuerzas de seguridad, del Tribunal Supremo y al propio presidente Maduro. La Corte Penal Internacional debe, por su parte, incluir las violaciones de derechos humanos y las detenciones arbitrarias en su investigación sobre supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen.
El Parlamento Europeo pide a la comunidad internacional que apoye el retorno de Venezuela a la democracia, sobre todo a la vista de las próximas elecciones, a las que la líder opositora María Corina Machado debe poder concurrir.
Los eurodiputados urgen, por último, a las autoridades chilenas a investigar el asesinato del militar venezolano disidente Ronald Ojeda, quien, tras huir del régimen e instalarse en Chile, fue secuestrado y asesinado.
