La Coalición Anticorrupción, integrada por más de 130 organizaciones, junto a activistas aliados, dirigieron una carta a los jefes de las delegaciones negociadoras del gobierno y la oposición en la que expusieron que, ante la “necesidad de atención de la población venezolana en situación de vulnerabilidad”, se requiere “con urgencia” la decisión de las partes firmantes del acuerdo y de representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El oficialismo y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en noviembre del 2022 un acuerdo para crear un Fondo de 3 mil millones de dólares para la Atención Social con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la ONU, para atender las necesidades más urgentes en Venezuela.
Aunque la Coalición Anticorrupción reconoce que el monto “no es suficiente”, admite que supondría un “alivio para la precariedad de las condiciones de vida de sectores vulnerables”.
Además, precisa que, según información pública divulgada por la junta administradora ad-hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), esa institución mantiene depósitos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York de $144.269.660, bloqueados por la regulación de sanciones dictadas por el gobierno estadounidense.
Al respecto, la Coalición Anticorrupción sugiere la implementación de una serie de pasos para disponer de esos recursos e insiste en la necesidad de que el Fondo Social se rija “por las buenas prácticas internacionales de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que requiere la ejecución de fondos públicos, bajo la responsabilidad de cualquier órgano público o privado, nacional o internacional”.
Plantean que el BCV otorgue un préstamo a la República para constituir el Fondo, la aprobación de un crédito adicional de gasto público por parte de la Asamblea Nacional y que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgue a la junta administradora ad-hoc del BCV una acreditación para representar al BCV frente al Banco de la Reserva Federal.
En ese sentido, posteriormente, las partes firmarían el contrato con la ONU; la junta administradora ordenaría la transferencia desde las cuentas en el Banco de la Reserva Federal a la cuenta operativa para el funcionamiento del al Fondo y que finalmente se cree una Comisión de Seguimiento y Verificación integrada por representantes de las partes.
“Hacemos un llamado para que se avance con celeridad en estos pasos que no conllevan mayor complejidad si existe voluntad política de ambas partes”, destaca el texto.
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