La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, expresó este miércoles su preocupación por lo que considera posibles “acuerdos opacos” para designar a los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
En un comunicado difundido en la red social X, la alianza política advirtió que esas negociaciones, que atribuye al Gobierno encargado y a sectores aliados, podrían buscar que las futuras autoridades mantengan alineamiento con el poder político.
Según la PUD, el objetivo de esas eventuales decisiones sería asegurar que quienes ocupen esos cargos continúen subordinados a lo que calificó como un aparato estatal que —según denuncian— ha operado durante años con impunidad.
Reclamo por instituciones independientes
La coalición opositora subrayó que la independencia de ambas instituciones es clave para recuperar la confianza ciudadana en el sistema institucional, garantizar el acceso a la justicia y asegurar investigaciones imparciales.
En ese sentido, sostuvo que el fiscal general cumple un papel central en el respeto al debido proceso, en la investigación de abusos de poder y en la reconstrucción del Estado de derecho.
La plataforma insistió en que los responsables de estos organismos no deberían ser escogidos mediante acuerdos políticos destinados a preservar cuotas de poder, ya que —según indicó— la autonomía institucional es una condición fundamental para cualquier proceso de democratización.
Renuncias y designaciones temporales
La advertencia de la oposición se produce después de que el 25 de febrero presentaran su renuncia el fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, quienes ocupaban esos cargos desde 2017.
Tras las dimisiones, la Asamblea Nacional —controlada por el chavismo— designó autoridades interinas mientras se activa el proceso para escoger a los titulares definitivos. Saab fue nombrado defensor del pueblo encargado, mientras que el abogado Larry Devoe asumió temporalmente la Fiscalía.
Proceso de postulaciones
De acuerdo con la Constitución venezolana, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General integran el Consejo Moral Republicano, parte del llamado Poder Ciudadano.
La Asamblea Nacional abrió el 2 de marzo un período de postulaciones para seleccionar a los nuevos responsables de estas instituciones. El plazo inicial fue ampliado hasta el 13 de marzo, con el fin de recibir más candidaturas.
Entre los requisitos establecidos para aspirar a los cargos se encuentran ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad y presentar una declaración de no militancia político-partidista, además de otros documentos exigidos por la ley.
