Grave denuncia internacional por posible desaparición forzada tras deportaciones desde EE. UU.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este martes su profunda preocupación por la posible desaparición forzada de al menos 245 ciudadanos venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador.
Según informó Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos, y el paradero de los venezolanos sigue siendo desconocido, al igual que su estatus legal en el país centroamericano.
“Muchos familiares entrevistados por nuestra oficina han manifestado una angustia profunda, ya que no tienen información sobre el lugar ni las condiciones en que se encuentran sus seres queridos”, declaró Throssell durante una rueda de prensa.
Los venezolanos habrían sido trasladados a El Salvador en virtud de la ‘Alien Enemies Act’ (Ley de Enemigos Extranjeros), acusados de presuntos vínculos con organizaciones criminales, y estarían recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
En esas instalaciones, los detenidos estarían aislados, sin contacto con sus familias ni acceso a representación legal, denunció la ONU. Esta situación, de confirmarse, vulneraría derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso, la protección contra detención arbitraria y la prohibición de tratos crueles o inhumanos.
Del 20 de enero al 29 de abril, Estados Unidos deportó a 142.000 personas, según datos oficiales. Sin embargo, la suerte de al menos 245 venezolanos y 30 salvadoreños deportados a El Salvador permanece sin esclarecerse, alimentando las sospechas de una posible práctica sistemática de detención irregular.
La ONU también denunció la falta de información previa a los deportados, el uso de lenguaje estigmatizante por parte de autoridades y medios, y el traslado de personas encadenadas, lo cual podría constituir tratos degradantes.
“El hecho de que muchos no fueran informados ni pudieran apelar su deportación, y que ahora estén recluidos en otro país sin garantías, es profundamente preocupante”, concluyó Throssell.
