El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica lamentó este viernes el archivo judicial definitivo de la causa abierta por el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en 2019, y expresó su solidaridad con la familia, la comunidad, los pueblos indígenas y la sociedad costarricense.
En un comunicado de prensa la oficina de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la “no realización de investigaciones con pertinencia y aplicación integral de los principios de acceso intercultural a la justicia, que brindaran elementos suficiente y sólidos, por parte del Ministerio Público, para iniciar un juicio contra las personas responsables del asesinato”.
“ONU Costa Rica considera relevante y urgente que se activen los mecanismos legales necesarios para que las investigaciones sean retomadas con la mayor prontitud y evitar así la impunidad. Asimismo, solicita al Poder Judicial redoblar esfuerzos y recursos para que en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas las pesquisas sean conducidas apropiadamente”, explicó el organismo.
El organismo indicó que Costa Rica, como país firmante de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, “ha asumido el compromiso de proteger la vida y la integridad de sus habitantes, así como de resguardar las garantías especiales de los pueblos indígenas y de quienes defienden los derechos humanos”, por lo cual, debe cumplir cuando se den este tipo de violaciones a los principios.
“La ONU también pide al Poder Judicial seguir avanzando con la política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, y urge al Estado costarricense y a las autoridades nacionales para establecer y aprobar en Costa Rica la propuesta de un mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que fortalezca la senda histórica del país en esta materia”, destaca el documento.
El abogado de la familia de Rojas, Óscar Retana, confirmó este viernes al medio independiente Delfino, que el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó “sobreseimiento definitivo” a favor de las dos personas imputadas e indicó que la prueba recolectada producto de la investigación “no reúne el grado de probabilidad necesario para realizar un juicio”.
El asesinato del líder indígena ocurrió en marzo del 2019 en la comunidad Yeri, en Salitre, provincia de Puntarenas (sur), cuando desconocidos atacaron a balazos al dirigente de 59 años.
Desde hace años los indígenas de las comunidades de Salitre y Térraba han denunciado ser víctimas de violencia y extorsión por parte de propietarios de fincas que los quieren desalojar de la zona.
En enero de 2017, el Gobierno de Costa Rica anunció la suscripción de acuerdos con las comunidades indígenas Térraba y Salitre, con el fin de cumplir con las medidas cautelares dictadas en ese momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
