Este viernes, Lupa por la vida, presentó un informe en el que denuncian que policías y militares de la administración de Nicolás Maduro presuntamente ejecutaron a 824 personas en 2022, en ejecuciones extrajudiciales.
«El año 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato», señala el documento que contiene datos sustentados y suministrados por Fundación Centro Gumilla (Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela) y la ONG Provea.
El informe alerta que «la impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen», vulnerando el derecho a la vida y dejando sin justicia a las víctimas.
