La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a un diputado estatal en Estados Unidos que retire un proyecto de ley que permitiría a los políticos demandar con mayor facilidad a medios de comunicación y periodistas, lo que podría tener consecuencias negativas para la libertad de prensa a nivel internacional.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo en una carta al representante republicano Robert Alexander Andrade que, de ser aprobado, el proyecto de ley HB 991 representaría un retroceso para la libertad de prensa en aquellos países que adoptaron la doctrina de la real malicia, principios de la Primera Enmienda en sus constituciones y leyes que permiten a los jueces desestimar demandas frívolas impulsadas con la intención de intimidar al periodismo y la prensa.
Presentado a fines de febrero ante la Legislatura de la Florida, el proyecto de ley facilita que la dirigencia política y otras personas puedan demandar por difamación a medios y periodistas. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador de la Florida y posible candidato a la Presidencia de EE.UU. en 2024, Ron DeSantis, quien mantiene una relación de confrontación con medios tradicionales de Florida y EE.UU. a los que califica de izquierdistas y tendenciosos.
Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, subrayó en su carta que la futura ley contraviene estándares de libertad de prensa a nivel estatal, nacional e internacional. Agregó que la iniciativa anularía la doctrina de la real malicia que protege al periodismo independiente desde la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso New York Times vs. Sullivan, de 1964, y revertiría los beneficios de la ley anti-SLAPP de Florida, que permite a los jueces desestimar demandas costosas y sin fundamento contra medios y voces críticas.
Advirtió Jornet que la ley se convertiría “en un escudo protector para los funcionarios públicos” y tendría “un efecto devastador sobre el periodismo de investigación y sus fuentes de información, aspectos contrarios al papel fiscalizador de los medios en democracia y a los principios de transparencia en asuntos públicos”.
