Las empresas privadas en Venezuela enfrentan, según organizaciones gremiales, una “alta carga fiscal” a la que ahora se suma una contribución mensual recientemente creada para mejorar las pensiones -equivalentes hoy a unos 3,5 dólares al mes-, que reciben más de cinco millones de adultos mayores.
El 8 de mayo, el presidente Nicolás Maduro promulgó la ‘Ley de Protección de las Pensiones’, que crea una “contribución especial” de hasta el 15 % del total de los pagos realizados “por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial”, que debe ser “declarada y pagada mensualmente”, con el fin de “mitigar el impacto negativo” de las sanciones en los ingresos de los pensionados.
Para el abogado Juan Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), si bien el propósito de mejorar las pensiones es “loable”, el empresario privado tiene “prácticamente su capacidad económica agotada” a causa de la “excesiva carga fiscal” que -afirma- hay en el país.
El experto dijo a EFE que “la tributación en Venezuela se encuentra totalmente desarmonizada y llena de cargas materiales y formales”.
Explicó que las empresas destinan, en promedio, un 80 % de su utilidad en el pago de los tributos, lo que deja con poco margen para otros aspectos, como inversiones, adquisición de equipos, salarios y ganancias.
Por tanto, “no es el momento de un nuevo aporte fiscal”, sino de “armonizar” los tributos que “ya existen”.
Un nuevo “impuesto”
De acuerdo con la ley, el jefe de Estado “establecerá, anualmente, el porcentaje correspondiente de la contribución”, que para esta primera vez fijó en un 9 %, tres puntos más de lo sugerido por empresarios.
A juicio de Korody, la carga fiscal aumenta con este “impuesto”, lo que tiene un impacto -advirtió- en los precios de los productos que pagan los consumidores, así como en la capacidad de las empresas para incrementar los salarios o hacer nuevas contrataciones.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), según dijo a EFE su primer vicepresidente, Francisco Acevedo, había pedido que el porcentaje no superara el 6 % y que se exonerase el pago para “los sectores prioritarios”.
Además, propuso un “tope máximo” equivalente hoy a 390 dólares para que “no se castiguen los esfuerzos de las empresas que mejor pagan”, que son, principalmente, las grandes, donde los salarios oscilan entre los 249 dólares (obrero y operador) y los 1.003 dólares (gerente), según Conindustria.
El diputado chavista Ramón Lobo, exministro de Economía, dijo a EFE que el nuevo aporte para las pensiones “es deducible del ISLR (Impuesto Sobre la Renta)”, por lo que podrá ser incluido “como gasto de la empresa al momento” de la declaración.
La “excesiva” carga fiscal
Conindustria ha advertido, en numerosas ocasiones, que los “excesivos tributos fiscales y parafiscales” representan uno de los principales factores que afectan la actividad manufacturera.
La organización industrial considera que el aumento de la recaudación “debe venir por mayor actividad económica, no por el aumento de tasas impositivas”, pues “es muy difícil para el industrial mantener un crecimiento sostenido con el incremento constante de tasas y tributos”.
Según cifras oficiales, Venezuela recaudó unos 3.161 millones de dólares en impuestos el primer cuatrimestre del año, un alza del 77,5 % frente a los 1.780 millones del mismo período de 2023.
En un comunicado, Fedecámaras, la mayor patronal del país, expresó su “preocupación” debido a que “la aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas”, y advirtió que, como consecuencia, “se verá afectada la rentabilidad, limitando las inversiones y la mejora en el ingreso de los trabajadores, estimulándose el empleo informal”.
De acuerdo con Korody, las obligaciones se incrementan en la medida en que la empresa tenga presencia en varios municipios o si pertenece a alguno de los sectores gravados con tributos especiales.
Indicó que, en promedio, una empresa tiene que “hacer 200 o más declaraciones al año”, lo que genera “una carga material, formal, muy impresionante” que, además, tiene su costo, que se traduce en inversiones en sistemas de tecnología y personal calificado.
Por tanto, propone encuentros con las autoridades, con estudios sobre el impacto económico de la carga fiscal, para evaluar qué tributos “tienen que seguir existiendo” y cómo se deben pagar.
