Una jueza estadounidense expresó su escepticismo este lunes respecto a que la notificación que la administración Trump se comprometió a dar a los migrantes venezolanos antes de deportarlos bajo una ley de tiempos de guerra cumpliera con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual, establece que se les dé la oportunidad de impugnar sus deportaciones en los tribunales.
La jueza de distrito Charlotte Sweeney declaró durante una audiencia judicial en Denver que las notificaciones de deportaciones inminentes entregadas a los migrantes venezolanos recluidos en el Centro de Detención Bluebonnet en Texas no mencionaban el hábeas corpus, que se refiere al derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención.
“Actúan como si estas personas, muchas de las cuales no hablan el idioma, supieran que existe algo llamado hábeas corpus”, dijo Sweeney, designada por el expresidente demócrata Joe Biden.
Afirmó que está “revisando la notificación ahora. No indica ningún derecho a solicitar ningún tipo de hábeas corpus”. Sweeney anunció que decidirá el martes si extiende la orden que protege a dos hombres venezolanos bajo custodia migratoria en Colorado de ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Abogados de migrantes venezolanos intentan persuadir a jueces de todo el país para que exijan al gobierno que les dé un aviso de 30 días antes de deportarlos bajo la ley de 1798, después de que el Tribunal Supremo bloqueara temporalmente este fin de semana la deportación de un grupo de venezolanos detenidos en Bluebonnet.
Mientras tanto, en una presentación presentada el lunes ante la Corte Suprema, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes, instó a los jueces a mantener el bloqueo, argumentando que los funcionarios de Bluebonnet no habían proporcionado a los migrantes la notificación requerida ni la oportunidad de impugnar las deportaciones antes de que muchos fueran embarcados en autobuses con destino al aeropuerto.
En la audiencia de Denver, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, afirmó que el gobierno notificaría a los migrantes que estaban siendo objeto de deportación según la ley. Cualquier migrante que desee impugnar su deportación tendría 24 horas para hacerlo, añadió Velchik.
El presidente Donald Trump invocó el 15 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros, conocida por ser utilizada para internar y deportar a personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana durante la Segunda Guerra Mundial, para deportar rápidamente a cientos de presuntos miembros del Tren de Aragua, al margen de los procedimientos migratorios normales, a una prisión en El Salvador.
Con información de Versión Final
