Un juez federal en Estados Unidos determinó este miércoles que la política impulsada por la administración del presidente Donald Trump para deportar migrantes a países distintos al señalado en su orden de expulsión viola la ley federal y el derecho al debido proceso.
El magistrado Brian Murphy, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, concluyó que las autoridades migratorias no pueden trasladar a personas a un “tercer país” sin notificarles previamente ni permitirles presentar objeciones legales.
La medida cuestionada establecía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podía ejecutar estas deportaciones siempre que el país receptor ofreciera garantías de que los migrantes no serían perseguidos o sometidos a tortura. Sin embargo, el juez puso en duda la claridad y verificación de esas supuestas garantías.
En su resolución, Murphy ordenó dejar sin efecto la política, aunque otorgó un plazo de 15 días antes de que el fallo entre plenamente en vigor, periodo en el que el Gobierno podría presentar una apelación.
La práctica de enviar migrantes a terceros países ha generado varios enfrentamientos judiciales. En 2025, la administración estadounidense trasladó a más de 200 ciudadanos salvadoreños a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, apoyándose en una legislación de tiempos de guerra. Asimismo, Washington ha sostenido conversaciones con naciones como Costa Rica, Panamá y Ruanda para que reciban a deportados que no son nacionales de esos territorios.
Los demandantes en el caso argumentaron que no fueron informados de que serían enviados a destinos distintos a los contemplados originalmente en sus órdenes de expulsión, en algunos casos ubicados en otros continentes.
No es la primera vez que Murphy se pronuncia sobre esta política. En mayo pasado, el juez ya había bloqueado un intento de trasladar a un grupo de migrantes con antecedentes penales a Sudán del Sur sin ofrecerles notificación ni la posibilidad de alegar temor fundado.
La Casa Blanca llevó ese caso ante el Tribunal Supremo, que permitió temporalmente continuar con las deportaciones mientras se resolvía el litigio. Se prevé que el Ejecutivo vuelva a recurrir la nueva decisión judicial.
