El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela comenzó este lunes la Ruta por la justicia, con el objetivo de exigir la libertad plena de todas las personas detenidas por el régimen de Nicolás Maduro, el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos en el país.
La iniciativa congrega a madres, familiares, amigos, defensores de derechos humanos, trabajadores y diversas organizaciones sociales.
El recorrido iniciará todos los días a las 10:00 am y tiene programadas varias paradas en las instituciones del Estado.
La primera de ellas en el Palacio de Justicia, donde los manifestantes reclamarán:
El Derecho al Habeas Corpus para los detenidos.
– El Debido Proceso y la garantía de libertades plenas.
– La Radicación de Presentaciones para asegurar que los prisioneros no sean trasladados sin notificación a sus familias.
El martes 25 de febrero, la segunda parada será en la Defensa Pública, donde los participantes exigirán:
– Tutela judicial efectiva para todos los detenidos.
– Garantía del derecho a la defensa de los prisioneros.
– Presentaciones judiciales en la ciudad de residencia de los excarcelados, evitando traslados arbitrarios que dificulten el acceso a la justicia.
El miércoles 26, la tercera parada de la ruta será en la Defensoría del Pueblo para exigir:
– Protección y defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de los presos políticos
– Intervención y acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos
El jueves 27 de febrero, la cuarta parada será en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, donde los manifestantes exigirán
– Respeto a los derechos humanos de los presos políticos, así como condiciones dignas de detención ajustadas a las Reglas Mandela, que establecen los estándares internacionales para el trato de los prisioneros.
La quinta parada se llevará a cabo el viernes 28 de febrero en el Ministerio Público, con una serie de demandas fundamentales para garantizar justicia para los presos políticos. Entre ellas se incluyen:
– El cese del uso abusivo de la Ley Contra el Terrorismo, que ha sido utilizada como herramienta de persecución política.
– La investigación imparcial de abusos, torturas, muertes bajo custodia y otros actos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad.
– La revisión de los casos de los presos políticos, con miras a garantizar que se les otorgue un juicio justo y a revisar las sentencias que pudieran haber sido dictadas de manera arbitraria.
Estas exigencias buscan poner fin a la creciente preocupación sobre las condiciones inhumanas de las cárceles venezolanas.
