La ONG venezolana Provea reportó que durante 2024 se registraron 2.224 víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que representa un aumento del 88 % respecto al año anterior. La cifra forma parte de su informe anual, presentado este miércoles por la coordinadora de investigación, Lissette González, quien alertó que estos datos reflejan solo una parte del total, ya que se basan en denuncias públicas.
En el mismo informe, Provea también documentó 60 denuncias de tortura y 93 personas heridas durante protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio. La ONG considera que la violencia se intensificó en el contexto postelectoral, especialmente tras la reelección de Nicolás Maduro, calificada como fraudulenta por la oposición venezolana.
El informe muestra un repunte alarmante de violaciones a la libertad personal: 2.635 casos en 2024, lo que representa un incremento del 1.347,8 % frente a 2023. La mayoría de las detenciones ocurrieron en zonas populares y durante la crisis electoral, con el 94 % de los casos ligados a ese contexto. Asimismo, se denunciaron 72 allanamientos ilegales, un 300 % más que el año pasado.
Respecto al derecho a la vida, Provea registró 522 asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, de los cuales el 65 % eran jóvenes entre 18 y 30 años y el 3,36 % adolescentes. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue responsable del 29 % de estos casos. La ONG advierte sobre un patrón sistemático de criminalización de los jóvenes de sectores populares.
Desde 2013, cuando Maduro asumió la presidencia, Provea ha contabilizado 10.517 muertes a manos de fuerzas de seguridad, y más de 6.400 en los últimos cinco años. La organización denuncia que estas ejecuciones son presentadas como “enfrentamientos”, lo que impide investigaciones adecuadas y el enjuiciamiento de los responsables.
