El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó de «cínica» la propuesta hecha por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al tiempo que exigió una fe de vida de ese grupo de migrantes, detenidos en la nación centroamericana.

En un comunicado, Saab, para quien Bukele ha aceptado que «mantiene secuestrados a 252 venezolanos», pidió también de «manera inmediata la lista completa con la identificación» de todos estas personas y «su estatus judicial», así como «el informe médico de cada uno».
A juicio de Saab, ese mensaje «demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley que, pública y comunicacionalmente, le expresa al planeta que él, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador».
«El tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX», expresó.
Saab exige la liberación
Por este motivo, anunció el envío de comunicaciones tanto a la Fiscalía General como a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreñas en las que solicita información sobre «qué delitos han cometido estos ciudadanos» en el país centroamericano, en «qué momento se les presentó ante un juez, si han tenido acceso a un abogado y si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención».
«Al mundo entero le debe causar repugnancia el hecho de que el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) ya no es un centro de tortura creado por la mente macabra de Bukele para sancionar a delincuentes en su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana (según se acuerde con sus socios imperiales), a quienes, como experto en traficar con seres humanos, utiliza para recibir a cambio sumas millonarias de dinero», dijo Saab.
El fiscal hizo un llamado a «todas las organizaciones internacionales» a exigir «la inmediata liberación» de esos más de 200 migrantes, deportados en marzo por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que los acusa de supuestamente pertenecer a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, señalada como terrorista por Washington.