Defensores de derechos humanos en Venezuela valoran que las acusaciones del oficialismo contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional son el preludio de la reanudación formal por parte de ese organismo de las investigaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país suramericano.
Este lunes, el régimen de Nicolás Maduro emitió un comunicado donde cuestionó la imparcialidad del despacho del fiscal jefe de la CPI, el británico Karim Khan, afirmando que mantenía “vínculos probados” con organizaciones no gubernamentales en el país.
Con un tono más enérgico, el chavismo detalló que introdujo ante la Corte un escrito para desmentir las “falacias de la agresión mediática y geopolítica” contra Venezuela. También reiteró su negación de que existan delitos contra la humanidad.
El texto del oficialismo se publica solo días después de que la Corte Penal Internacional abriera un formulario en línea para que las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela puedan compartir sus opiniones sobre si el organismo debe o no continuar la investigación.
Organizaciones civiles coincidieron en que se trata de una oportunidad “histórica” donde las víctimas de crímenes de lesa humanidad pueden presentar sus testimonios de manera confidencial a los jueces de la Corte Penal. Esa ventana cerrará el próximo domingo.
La asociación civil especializada en seguridad y defensa en Venezuela, Control Ciudadano, advierte que el comunicado “indica que el gobierno de Venezuela, ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar” la investigación. Rocío San Miguel, su presidente, opina que esas valoraciones del oficialismo venezolano no ayudan a fortalecer el criterio de voluntad y capacidad de las autoridades de ejercer jurisdicción y conducir “procedimientos genuinos” dentro del país para juzgar crímenes de lesa humanidad, “como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano”.
En noviembre de 2021, en una reunión con Nicolás Maduro en Caracas, el fiscal Kahn anunció la apertura de investigaciones sobre la situación en Venezuela y firmó con el mandatario venezolano un acuerdo de entendimiento entre Venezuela y su despacho para “fomentar mecanismos que apoyen y promuevan procedimientos penales genuinos”.
San Miguel advierte que la CPI “tendrá que ejercer jurisdicción” sobre los casos sometidos a examen ante la “negación” de que estos ocurrieran por parte del Estado venezolano.
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