El excongresista estadounidense David Rivera comparece desde este lunes ante un tribunal federal en Miami, acusado de realizar gestiones de lobby sin autorización legal para influir en la política de EEUU hacia Venezuela.
Según la Fiscalía, Rivera habría recibido unos 20 millones de dólares en 2017 como parte de un contrato vinculado a entidades estatales venezolanas, con el objetivo de presionar a funcionarios estadounidenses para suavizar sanciones económicas.
Acusaciones y cargos
El exlegislador, de 60 años, enfrenta 10 cargos federales, entre ellos:
- Actuar como agente extranjero sin registrarse (violación de la ley FARA)
- Conspiración para cometer lavado de dinero
Rivera se ha declarado no culpable y permanece en libertad bajo fianza mientras avanza el juicio, que podría extenderse por varias semanas.
Señalamientos de la Fiscalía
Los fiscales sostienen que Rivera utilizó sus contactos políticos en Washington para organizar reuniones y tratar de influir en decisiones del Gobierno estadounidense durante el inicio de la administración de Donald Trump.
Además, el caso podría exponer el papel que habría tenido Delcy Rodríguez en estos intentos de acercamiento político, según lo planteado por la acusación.
Posibles testigos clave
Entre los nombres que podrían declarar en el juicio figura el actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien mantuvo vínculos políticos previos con Rivera.
Defensa de Rivera
La defensa sostiene que el excongresista no estaba obligado a registrarse como agente extranjero, ya que trabajaba para una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana.
También argumenta que sus acciones buscaban favorecer a sectores opositores venezolanos, y no beneficiar al gobierno de turno.
Contexto
De acuerdo con la acusación, Rivera habría facilitado reuniones entre funcionarios venezolanos y figuras políticas de EEUU en 2017. Sin embargo, pese a estos presuntos esfuerzos, la administración Trump terminó endureciendo las sanciones contra Venezuela.
El proceso judicial pone bajo la lupa el uso de redes políticas en Washington para influir en decisiones de política exterior, así como el cumplimiento de las normas sobre representación de intereses extranjeros.
