La justicia española decidió archivar la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien era señalado por presunto blanqueo de capitales vinculados a la petrolera estatal PDVSA.
La medida fue tomada por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, tras concluir que no existe un delito previo que sustente la acusación. La decisión se basó en que tribunales venezolanos ya habían evaluado el origen de los fondos y determinaron que eran legales, lo que tiene validez jurídica en el proceso en España.
El caso se originó por sospechas de que dinero procedente de un préstamo entre PDVSA y una empresa privada habría sido utilizado para inversiones en territorio español. Sin embargo, al no comprobarse la existencia de un ilícito en el origen de esos recursos, el tribunal descartó el delito de blanqueo.
El magistrado también rechazó la posibilidad de un delito fiscal, al considerar que las acusaciones presentadas no estaban suficientemente fundamentadas ni detallaban irregularidades concretas.
Con esta decisión, se cierra —al menos por ahora— una causa que involucraba a varios empresarios venezolanos y que había generado atención por su conexión con operaciones financieras ligadas a PDVSA.
