La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que, a un año de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, no hay justicia, ni investigaciones, ni acceso a los presos políticos.
Durante una sesión en la OEA este 6 de agosto, la comisionada Gloria de Mees denunció impunidad absoluta, represión sistemática y violaciones masivas a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Reiteró la solicitud de una visita in situ al país para verificar las denuncias.
“No se ha investigado ni uno solo de los 25 asesinatos ocurridos durante las protestas poselectorales. La mayoría de las víctimas eran jóvenes de sectores populares, incluso menores de edad”, alertó de Mees.
La CIDH señaló que centenas de opositores siguen detenidos, sin contacto con familiares ni abogados, en condiciones que califican como tortura. “¿Dónde están Rocío, Superlano, Guanipa, Américo de Gracia? ¿Por qué se les niega todo acceso?”, preguntó.
Además, denunció una campaña contra la prensa independiente, detenciones arbitrarias, desapariciones y juicios sin garantías.
La presentación se basó en entrevistas a 91 víctimas dentro y fuera del país, cuyos testimonios revelan un patrón sistemático de represión y abandono.
“Esto no son casos aislados. Es una estrategia deliberada para silenciar el disenso”, dijo de Mees.
Apoyo internacional
Países como Argentina, Panamá, Guatemala, Chile, Costa Rica, Paraguay, Canadá, Uruguay, Perú y EEUU condenaron la situación. Washington fue más tajante: “El régimen de Maduro es un enemigo de la humanidad”.
Brasil, en cambio, pidió diálogo entre venezolanos, rechazó sanciones internacionales y ofreció ayudar a reactivar una salida negociada.
