Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata este miércoles y jueves la situación de una mujer a quien se le prohibió abortar a pesar de que estaba en riesgo su vida, en el caso “Beatriz vs. El Salvador”.
La expectación es máxima en Costa Rica, en cuya capital se encuentra la sede de la Corte, como en El Salvador, Estado acusado de violar los derechos humanos de Beatriz (nombre ficticio).
Se trata de una mujer diagnosticada en 2013 con una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico, a quien se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.
En enero de 2022 la Corte IDH comenzó a tratar el caso de Beatriz, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito, en contra de El Salvador, donde el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre dos y ocho años.
Habitualmente, los tribunales salvadoreños tipifican el aborto como homicidio agravado, elevando la condena a entre 30 y 50 años de prisión.
“Que la Corte haya aceptado oír este caso marca fuertemente (…) que la negación de cualquier servicio de salud, incluyendo aquellos que son controvertidos como el aborto, es una violación de derechos humanos”, señaló María Antonieta Alcalde, de la ONG mexicana Ipas, parte de la acusación.
En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.
En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.
En la audiencia se escucharán testimonios de familiares de Beatriz, dos médicos que la atendieron y dos peritos que realizaron la investigación. Se esperan manifestaciones de mujeres afuera del tribunal en San José, así como en San Salvador.
Es el último paso antes de que el tribunal interamericano emita su sentencia, que podría demorarse seis meses.
– Historia –
Beatriz, originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 km al sureste de San Salvador, tenía 20 años cuando le confirmaron en febrero de 2013 su segundo embarazo, ya diagnosticada de lupus y tras un primer parto de riesgo.
Un mes después se diagnosticó malformación congénita en el feto incompatible con la vida, con “probabilidad de que ella muriera” si se extendía el embarazo.
Gisela de León, directora jurídica del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó a la AFP que a Beatriz “se le violaron sus derechos a la vida a la integridad personal”.
Fue obligada a continuar 81 días con el embarazo a sabiendas de la inviabilidad del feto, hasta que se le practicó una cesárea. El bebé murió cinco horas después.
“Estamos alegando que el sufrimiento al que se le sometió sabiendo que su derecho a la vida estaba en riesgo es una forma tortura”, afirmó De León.
También consideran que fueron violados sus derechos a la vida privada y familiar al permanecer internada casi en la totalidad de los 81 días.
El Estado no le permitió desde un principio realizar el aborto. Apeló a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y esta determinó que “no ha lugar” a la interrupción del embarazo.
De León explicó que esta acción judicial en su contra “violó su derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales”.
– Por Beatriz –
La muerte de Beatriz a consecuencia de un accidente no ha hecho que su familia desista en buscar justicia por su caso.
Su hermano Humberto dijo a la AFP que el objetivo de este proceso es que ninguna “otra mujer pasara por lo que ella pasó”. Una determinación que, asegura, Beatriz tomó cuando aún estaba viva.
“Quería la justicia que en El Salvador no pudo tener y se le fue negada”, insistió Humberto, de 30 años.
La situación en la que vivía su familia “en una zona rural de El Salvador, marginada, muy pobre y excluida” es para Humberto un estigma que afecta a las mujeres en sus derechos.
“Los lugares que en El Salvador son muy pobres dan lugar a que este tipo de situaciones sucedan hacia las mujeres porque no tienen acceso a un sistema que les garantice la salud reproductiva”, destacó.
