El presidente estadounidense, Joe Biden, prorrogó por un año más el decreto que declara a Venezuela como una “amenaza extraordinaria” a su seguridad nacional al considerar que el gobierno de Nicolás Maduro continúa cometiendo violaciones considerables a la democracia y los derechos humanos.
Tampoco hay suficientes incentivos ni avances en pro de la democratización por parte del régimen de Maduro para que Estados Unidos modifique su política hacia Venezuela, aseguran analistas.
El decreto de la Casa Blanca apunta a “la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, la violencia y violaciones de los derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales” en Venezuela. También señala “la presencia exacerbada de una importante corrupción” en las instituciones del Estado.
La orden es una extensión de una medida adoptada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. El expresidente Donald Trump también prorrogó el decreto durante su mandato.
Un decreto de esa naturaleza es considerado una herramienta del presidente de EEUU para aplicar sanciones contra otro país bajo determinadas circunstancias, dijeron expertos consultados.
El régimen de Nicolás Maduro ha sido sancionado por EEUU, la Unión Europea y otros países. Según el Palacio de Miraflores, se han aplicado más de 900 sanciones contra Venezuela, dijo el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, en enero. Las sanciones han tenido un efecto negativo en la industria petrolera, los recursos para la salud y la educación, y perjudican incluso los salarios de los trabajadores, dijo el funcionario. Maduro ha demandado reiteradamente el fin de las sanciones.
