La administración del presidente Donald Trump ha elevado la presión sobre Diosdado Cabello, advirtiéndole que podría convertirse en un objetivo prioritario de Washington si no respalda plenamente a la presidenta interina Delcy Rodríguez y la hoja de ruta establecida por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.
Cabello, quien dirige el Ministerio del Interior y mantiene un fuerte control sobre el aparato de seguridad e inteligencia, es visto por funcionarios estadounidenses como un actor capaz de desestabilizar la transición si decide desafiar las nuevas directrices políticas. Por ello, se le ha hecho saber —a través de intermediarios— que su cooperación es clave para evitar un vacío de poder y garantizar una transición controlada.
Las advertencias incluyen el recordatorio de que podría enfrentar consecuencias similares a las de Maduro si obstaculiza los objetivos de Washington. Sin embargo, analistas reconocen que cualquier acción directa contra Cabello podría activar a grupos armados progubernamentales, generando un nuevo foco de tensión en el país.
Otro nombre que figura en el radar estadounidense es el del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también acusado por narcotráfico, aunque se considera que estaría más dispuesto a colaborar en la transición.
Desde Washington se insiste en que la operación en Venezuela “no ha terminado” y que el objetivo es asegurar la estabilidad, reactivar el sector petrolero bajo condiciones favorables para empresas estadounidenses y limitar la influencia de actores extranjeros.
En este nuevo escenario, Delcy Rodríguez continúa siendo vista como una figura central en la etapa posterior a Maduro, aunque persisten debates sobre la hoja de ruta electoral y la eventual salida negociada de los principales dirigentes chavistas, incluido Cabello.
