El Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, evalúa deportar a inmigrantes indocumentados hacia Libia en un avión militar, según confirmaron dos funcionarios estadounidenses a la cadena NBC News. Aunque no se ha precisado cuántas personas serían trasladadas ni su nacionalidad, esta medida formaría parte del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración republicana.
Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump fue consultado sobre los reportes: “No lo sé. Tendrán que preguntarle al Departamento de Seguridad Nacional”, respondió. La agencia Reuters fue la primera en divulgar la información.
Libia: un destino peligroso
Libia, inmersa aún en una prolongada crisis política y conflicto armado, no figura entre los países recomendados por el Departamento de Estado para viajar. La nación norteafricana enfrenta altos niveles de delincuencia, terrorismo, presencia de minas, conflictos armados y secuestros.
Actualmente, el país está dividido entre dos gobiernos: uno en Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, y otro en Bengasi, bajo el mando del militar Khalifa Haftar. Este último controla gran parte de los recursos petroleros del país y ha tenido contacto con la administración Trump.
El Gobierno de Unidad Nacional de Libia emitió un comunicado rechazando cualquier coordinación con Estados Unidos respecto al recibimiento de migrantes deportados. Señaló que tal acción “no representa al Estado Libio” y reafirmó su compromiso con la soberanía nacional.
Por su parte, el Ejército Nacional Libio, liderado por Haftar, también condenó la posibilidad de recibir migrantes provenientes de EE. UU., calificándolo como una “violación a la soberanía”.
Centros de detención en condiciones críticas
Libia es un punto de tránsito clave para migrantes que intentan llegar a Europa. Sin embargo, su red de centros de detención ha sido duramente criticada por organismos internacionales. El Departamento de Estado estadounidense ha calificado las condiciones en esos centros como “duras y potencialmente mortales”, especialmente para niños, quienes carecen de acceso a tribunales o procesos justos.
Diversos grupos de derechos humanos han denunciado el estado de los centros como “deplorables” y “horribles”.
