Un juez federal le ordenó al gobierno del presidente Joe Biden que ponga fin a la liberación expedita de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México, lo que podría generar mayor presión sobre las instalaciones de detención, que ya operan al límite.
La orden no entrará en vigor durante una semana con el fin de darle al gobierno tiempo para presentar una apelación. Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia no comentaron de momento sobre el fallo.
“Esta medida no afecta a quienes ya entraron y tienen documentación”, señaló el abogado Wilfredo O. Allen.
“El Gobierno federal apelará el fallo del juez, posiblemente en el Circuito 11. Es imposible llevar a toda la gente que entra a cárceles o albergues”, amplió.
No obsnate, al declarar ilegal una importante herramienta del gobierno, el juez federal T. Kent Wetherell II ofreció una mordaz revisión de las políticas fronterizas de Biden en una opinión de 109 páginas, emitida después de que se llevara a cabo un juicio en Pensacola, Florida, en enero.
Wetherell criticó la decisión de suspender la construcción de un muro fronterizo, poner fin a una medida que obligaba a los solicitantes de asilo a aguardar en México la llegada de su fecha de audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, y de alterar las prioridades de aplicación de la ley. También culpó al gobierno de poner fin a la detención de familias en la frontera, una decisión que las autoridades han comenzado a reconsiderar.
“En conjunto, estas acciones equivalen a colocar un anuncio parpadeante de: ‘Entren, estamos abiertos’ en la frontera sur”, escribió Wetherell.
“El fallo de este día ratifica lo que hemos sabido todo este tiempo: el presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza, y sus políticas migratorias ilegales hacen que este país sea menos seguro”, dijo Ashley Moody, la procuradora general de Florida, que demandó en nombre del estado en 2021.
La demanda se centra en el creciente uso por parte del gobierno de permisos condicionales humanitarios para retirar rápidamente a los migrantes de la custodia de la Patrulla Fronteriza en lo que proceden sus casos migratorios. Por lo general se les pide que se reporten ante las autoridades migratorias en dos meses y se les rastrea con un dispositivo móvil.
La Patrulla Fronteriza otorgó 572.575 permisos condicionales humanitarios el año pasado, incluido un récord de 130.563 en diciembre. Estos permisos cayeron un 96% en enero, a 5.225 migrantes, después de que el gobierno anunció medidas con el objetivo de disuadir a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos de cruzar ilegalmente la frontera. En lugar de ello, deberán solicitar protección inscribiéndose vía internet, hallar un patrocinador financiero e ingresar a Estados Unidos por vía aérea.
El permiso condicional humanitario es mucho más rápido que el engorroso trabajo de los agentes que emiten avisos para comparecer ante una corte migratoria. Ello ha reducido drásticamente el hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, las cuales tenían unos 12.000 migrantes hacia finales del año pasado, pero en enero cayeron por debajo de 5.000.
Activistas por los derechos de los migrantes advirtieron que el fallo de Wetherell podría empeorar las condiciones.
“De entrar en vigor, esta decisión significará mayores riesgos a la salud y seguridad de los migrantes detenidos y una mayor presión para nuestros agentes en la frontera”, dijo Jennie Murray, presidenta del grupo activista National Immigration Forum.
