Dos organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos presentaron este jueves una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por su decisión de revocar el beneficio migratorio que otorga un estatus legal a miles de venezolanos en el país.
La demanda, presentada en una corte federal en California, argumenta que la decisión del Gobierno de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos es ilegal y motivada por discriminación «racista» contra los migrantes de ese país.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, argumenta que la decisión de la secretaria era “ilegal por múltiples razones”.
“Incluso si el Departamento de Seguridad Nacional tuviera tal autoridad, las razones proporcionadas por la secretaria para anular la prórroga son arbitrarias y caprichosas, contrarias a la ley, pretextuales, y se desvían inexplicablemente de la práctica pasada en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)”,
Los demandantes están representados por la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), las fundaciones ACLU del Norte y Sur de California y el Center for Immigration Law and Policy (CILP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
“La secretaria Noem no tenía autoridad para ‘deshacer’ la extensión legal de la protección humanitaria a los inmigrantes venezolanos por parte de la administración de Biden. Y la explicación de su decisión es irracional y está plagada de errores jurídicos. La Ley de Procedimiento Administrativo exige una toma de decisiones razonada, lo que no es el caso”, dijo Jessica Bansal, abogada de la NDLON, en un comunicado.
El Departamento de Seguridad Nacional puso fin a lo que se conoce como TPS en una serie de medidas para eliminar las protecciones temporales para ciertos inmigrantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió no conceder una prórroga del TPS, revirtiendo una decisión tomada por el Departamento en tiempos de Biden y dejando a unas 600.000 personas en el limbo.
Se prevé que en abril expire el TPS de unos 350.000 venezolanos, lo que los expone a la deportación, y que otros 250.000 lo pierdan en septiembre.
Trump se enfrentó a desafíos legales similares en su primera administración por intentar poner fin al TPS para múltiples nacionalidades.
Con información del CNN en español y Yahoo Noticias
