El Ministerio Público (MP,Fiscalía) de Nicaragua acusó de «terrorismo» a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país centroamericano, y solicitó decomisar sus bienes, confirmó este miércoles a EFE una fuente de esa Alma Mater.
La jueza de Managua que recibió la acusación de la Fiscalía giró el oficio acusatorio contra la universidad jesuita, que incluye a sus directivos, y ordenó el decomiso de sus bienes materiales y económicos, informó, por su lado, el medio digital Divergentes, que cita a una fuente judicial y a otra vinculada a la UCA.
EFE consultó en el sistema en línea del Poder Judicial la acusación contra la UCA, fundada en 1960, pero de momento no está registrada.
La semana pasada, las autoridades nicaragüenses congelaron las cuentas bancarias de la universidad jesuita e inmovilizaron legalmente sus propiedades, en medio de los roces entre el Gobierno que preside Daniel Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.
Disolución del centro de mediación
Por su lado, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), adscrita a la Corte Suprema de Justicia, controlada por los sandinistas, revocó el lunes pasado la acreditación del Centro de Mediación de la UCA, cuatro meses después de que esa misma entidad le renovara la acreditación.
La UCA confirmó ese mismo lunes de que su bufete jurídico, con 54 años, no estará administrando la mediación como método alterno de resolución de conflictos, pero sí «los demás servicios».
La universidad jesuita, que no se ha pronunciado de forma oficial sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias, la inmovilización de sus propiedades, ni la acusación de la Fiscalía, ha dicho que «continúa desarrollando todas sus actividades académicas normalmente y de acuerdo a su planificación».
«Nos encontramos realizando gestiones a fin de regularizar nuestro funcionamiento administrativo, que tal y como se informó, está siendo afectado por dificultades para realizar operaciones en el sistema bancario», señaló ese centro de estudios la semana pasada.
En otra declaración, afirmó que habían «iniciado el procesamiento de pagos correspondientes a la primera quincena del mes de agosto 2023» y que hoy «continuaremos con dicho proceso».
«Lamentamos los inconvenientes, pues en este momento no nos es posible tramitar pagos de manera masiva. Agradecemos su comprensión», según la circular emitida ayer.
Jesuitas desterrados
En marzo de 2022, las autoridades nicaragüenses excluyeron a la UCA del 6 % de asignación constitucional que reciben anualmente las universidades y en septiembre de ese mismo año prohibieron la entrada al país al vicerrector de la Universidad Centroamericana Jorge Huete, después de un viaje de trabajo a Argentina.
El exrector de la UCA José Alberto Idiáquez, quien participó en un diálogo con el que se buscaba superar la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, tampoco pudo regresar al país en julio de 2022, después de viajar a México para atender problemas de salud.
El actual rector de este centro superior de estudios es el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López.
La universidad jesuita fue escenario de decenas de marchas contra el Gobierno de Ortega, en el marco de la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.
También el 30 de mayo de 2018 abrió sus puertas a miles de estudiantes que buscaron refugio tras participar en una multitudinaria marcha opositora en Managua, que terminó bañada de sangre, justo después de que Ortega sentenciara en un discurso ante sus seguidores que «Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos».
Además, acogió la exposición «Ama y no Olvida: Museo de la Memoria contra la Impunidad», impulsada por la Asociación de Madres de Abril (AMA), que busca recordar a los caídos durante las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión.
