La profunda crisis económica en Venezuela se ha convertido en uno de los mayores desafíos internos para el gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta simultáneamente una creciente presión internacional y militar en el Caribe. La devaluación acelerada del bolívar y el repunte de la inflación han pulverizado los ingresos de la población, mientras el país revive los fantasmas de la hiperinflación que provocó la emigración masiva de años anteriores, según Financial Times.
De acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela, la moneda nacional perdió más del 400% de su valor en el último año, pasando de 43 a 231 bolívares por dólar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una inflación de 270% para 2025, la más alta del mundo, y anticipa un escenario aún más grave para el próximo año. En este contexto, el salario mínimo se reduce a 0,60 dólares mensuales, mientras los bonos sociales apenas logran compensar el deterioro económico.
La pérdida del poder adquisitivo ha desatado una ola de malestar social. Profesores, jubilados y empleados públicos protestan con frecuencia por salarios que no alcanzan para cubrir lo básico. “El país está atrapado en una espiral sin salida”, advierte el economista José Guerra, quien considera que el regreso de la hiperinflación es prácticamente inevitable.
En medio de esta crisis, el gobierno ha optado por la opacidad informativa: el Banco Central dejó de publicar cifras oficiales de inflación y las intervenciones en el mercado cambiario se han reducido drásticamente, tras gastar miles de millones de dólares en intentos por contener la depreciación.
La situación económica se entrelaza con la inestabilidad política. Tras unas elecciones de 2024 calificadas como fraudulentas por observadores internacionales, en las que el candidato opositor Edmundo González habría obtenido ventaja, el gobierno endureció su control sobre la información económica. Economistas, periodistas y operadores financieros han sido detenidos por divulgar datos sobre el mercado paralelo o cuestionar la política monetaria oficial.
A esto se suma el factor externo: el despliegue militar de EEUU en el Caribe, el mayor en treinta años, con el portaaviones USS Gerald R. Ford encabezando las maniobras. Washington justifica la presencia naval como parte de la lucha contra el narcotráfico, mientras Caracas la interpreta como una amenaza directa a su soberanía.
Maduro denuncia que la operación forma parte de un plan para “apoderarse del petróleo venezolano”, mientras las sanciones económicas continúan afectando las exportaciones, pese a la licencia especial otorgada a Chevron bajo estrictas condiciones.
Sin embargo, la verdadera amenaza para el gobierno no parece venir del exterior, sino del agotamiento interno. Encuestas recientes muestran que solo dos de cada diez venezolanos atribuyen la crisis a las sanciones internacionales; la mayoría culpa directamente a la gestión del Ejecutivo. El desánimo popular crece, y con él, la sensación de que la paciencia social podría estar llegando a su límite.
El artículo completo en Financial Times.
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