Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó, en el marco de la sentencia del caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”, que el estado colombiano es “responsable del exterminio de miles de militantes de izquierda” ocurrido desde 1985 y por más de dos décadas y ordenó la reapertura de las investigaciones por esos crímenes.
La sentencia de la Corte indica que “Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP)”.
Aparecida en 1985, dentro del finalmente fracasado proceso de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del por entonces presidente Belisario Betancur, la UP creció rápidamente en el terreno político. Pero habiendo depuesto las armas, sus militantes quedaron a merced de grupos armados empeñados en eliminarlos.
La sentencia es clara al respecto: “Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP”.
El plan de exterminio sistemático contra UP, sus miembros y militantes, contó “con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, señaló la CIDH. Y agregó que esa violencia “se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros”.
Por su parte, el dictamen señalo que las investigaciones judiciales sobre los crímenes de los miles de militantes de la UP “no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad”.
La CIDH, con sede en Costa Rica, notificó este lunes la sentencia a las partes valorando el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado como “una herramienta para el desarrollo del proceso, la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro había tuiteado poco antes de publicarse el fallo: “Hoy, un tribunal de justicia de carácter americano, dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.
